Así lo determina la Sala de lo Social del TSJ de Canarias en un conflicto colectivo que presentó la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo contra la empresa Atlántica de Handling SLU. El litigio se centraba en el art. 53.13 del IV Convenio colectivo de la empresa, que regula el permiso para acudir al médico. La empresa sostenía que el permiso solo cubría las consultas del sistema público de salud, porque si se admitiera la medicina privada “podría usarse abusivamente”. A juicio del tribunal, “el hecho de no prestar servicios en el sistema público de salud no incide en las capacidades profesionales de la persona facultativa”, que puede igualmente “atender, diagnosticar, prescribir medicación o, en su caso tratamiento”. Por ello concluye que la finalidad del permiso “queda igualmente colmada con persona facultativa pública o privada. No hay diferencia práctica”.