Notícias recientes

Acuerdos con CCOO y UGT pendientes de aprobación.

La reforma del registro de la jornada laboral lleva meses esperando el visto bueno del Consejo de Ministros. Si bien, este no es el único acuerdo suscrito que sigue pendiente de aprobación tiempo después de su formalización e incluso presentación en público. Dentro de los asuntos pendientes, la aprobación del Estatuto del Becario es el que acumula mayor retraso al ser suscrito en 2023. No obstante, la materia que más preocupa a los sindicatos es el retraso en la aprobación de los cambios que tienen que ver con el SMI. En concreto, con la posibilidad que tienen las empresas de recortar o eliminar los pluses que recibía el trabajador para acoplarse al nuevo mínimo legal sin experimentar un mayor incremento de los costes laborales. El cuarto de los asuntos que están en esta lista de pendientes, en cambio, surgió por interés del propio Ministerio de Trabajo. Se trata de la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar de los dos días (ampliables a cuatro) que existen hoy en día hasta 10, la creación de un permiso remunerado por cuidados paliativos de 15 días y de otro de un día para las personas que sean elegidas como acompañantes por una persona que se somete a una eutanasia.

La Seguridad Social cambia de criterio y obliga a las empresas a cotizar por las cantidades que paguen a sus empleados por no darles un período de preaviso en los casos de despidos objetivos.

La Seguridad Social emitió un nuevo criterio el 14 de julio en el que señala que el concepto de preaviso es distinto al de la indemnización. "Tendría un carácter más próximo al salarial y prueba de ello es que en caso de revocación de la sentencia extintiva de la relación laboral, el trabajador tendría que devolver la indemnización pero no la cantidad percibida por el preaviso", dice. "En consecuencia, las cantidades abonadas por falta de preaviso deben cotizarse en las correspondientes liquidaciones complementarias, considerándose el cese como el momento de su devengo", concluye.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia sobre el nuevo Reglamento de Extranjería

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia sobre el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por RD 1155/2024 de 19 de noviembre, y ha resuelto el recurso presentado por varias organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes. El fallo estima parcialmente el recurso, anula diversos preceptos reglamentarios y confirma la validez de buena parte de la reforma impulsada por el Gobierno. La sentencia mantiene la arquitectura general del nuevo Reglamento de Extranjería, pero introduce correcciones relevantes en cuestiones relacionadas con la protección de menores, la unidad familiar, el reconocimiento de situaciones jurídicas constituidas en el extranjero, la valoración de antecedentes penales y el acceso presencial a los procedimientos administrativos. Al mismo tiempo, confirma las nuevas restricciones introducidas en materia de arraigo para solicitantes de protección internacional, uno de los ejes centrales de la reforma.

Hasta 1,2 millones de personas estarían dispuestas a seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación

Hasta 1,2 millones de personas estarían dispuestas a seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación, según un informe elaborado por Foment del Treball, la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales y Opina 360. Este potencial se concentra principalmente en la generación del baby boom, que forma parte de los 8,6 millones de personas activas de entre 50 y 69 años que hay actualmente en España. El estudio también identifica una importante reserva de trabajadores entre quienes ya están jubilados. En concreto, estima que alrededor de un millón de pensionistas menores de 75 años volvería al mercado laboral si pudiera compatibilizar plenamente el cobro de la pensión con un salario.

Las compañías patrimoniales también podrán aplicarse en el IS la nueva deducción por incrementar fondos propios.

Estas firmas se dedican a gestionar un patrimonio personal o familiar en vez de realizar una actividad productiva. La Dirección General de Tributos señala que la ley "no establece limitaciones para su aplicación a las entidades patrimoniales" y, por tanto, mientras estas sociedades cumplan con los requisitos que exige la norma, podrán beneficiarse de la deducción. El organismo señala a la empresa consultante que podría aplicarla, siempre que esta reducción no exceda el 25% de su base imponible.

Los jueces discrepan con la remuneración del permiso parental

Mientras unos abogan por remunerarlo advirtiendo que el Gobierno ha transpuesto mal la directiva europea, otros lo rechazan a la par que reconocen que hay tribunales que instan a pagarlo. De momento, como los propios jueces admiten en sus sentencias, los trabajadores públicos son los que más beneficiados se están viendo a la hora de luchar en los tribunales la remuneración de estas semanas, aunque no todos. Sin embargo, en el ámbito de la empresa privada, es donde más lo están denegando. La diversidad de posturas sobre si el permiso parental para el cuidado de los hijos tiene o no que remunerarse apunta a que el caso acabará en el TS para que resuelva las dudas. De momento, el alto tribunal no se ha pronunciado directamente sobre la retribución de estas semanas, aunque un fallo del 26 de enero de 2026 insinuó que no sería pagado.

La Comisión Europea autoriza el primer paquete de ayudas a los transportistas para mitigar el impacto de la crisis de Oriente Próximo en el precio de los carburantes.

Esta medida inyectará un total de 402 millones de euros en subvenciones directas destinadas en exclusiva a las empresas de transporte por carretera afectadas por la escalada histórica de los precios del combustible provocada por la crisis bélica en Oriente Próximo. Una vez obtenido el aval vinculante de Bruselas, Fenadismer insta de manera formal al Ministerio de Hacienda a que active de inmediato los mecanismos de transferencia de los fondos, para lo que previsiblemente deberán adecuarse nuevos procedimientos administrativos a cumplimentar por los transportistas para poder ajustarse a las exigencias establecidas por la Comisión Europea en cuanto al límite máximo de las ayudas a percibir.

Hacienda desoye a los jueces y deniega la reducción del 30% en el IRPF sobre las indemnizaciones de los despidos pactados entre la empresa y el trabajador si se cobran a plazos.

Tres recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), una del 9 de marzo y dos del 4 de mayo, contradicen el criterio de Hacienda y concluyen que los contribuyentes tienen derecho a aplicar la reducción del 30%, aunque solo en el primer pago que reciban. La Dirección General de Tributos (DGT), órgano directivo del Ministerio de Hacienda y cuyas decisiones vinculan a los inspectores, ha emitido dos recientes consultas (del 6 y del 25 de mayo) en las que desoye el criterio de los jueces y ratifica que este tipo de indemnizaciones pactadas y diferidas en el tiempo no tienen derecho a este beneficio fiscal.