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El TJUE salva a la banca y cierra la puerta a las devoluciones de la comisión de apertura de las hipotecas.

El tribunal, en dos sentencias de este miércoles, se ha mostrado más claro que nunca respecto a esta comisión y señala que la cláusula es transparente y, por tanto, no abusiva, aunque las entidades no desglosen en los contratos a qué servicios corresponde el pago, el detalle de la facturación o el coste por horas. Para la justicia europea, da igual que la comisión se calcule mediante un precio fijo o mediante un porcentaje sobre el crédito concedido, siempre que su importe no es desproporcionado frente al precio medio al que se comercializa esta comisión por el resto de entidades que reflejan las estadísticas bancarias.

La donación que hace una persona antes de fallecer a uno o varios de sus herederos cuenta como parte de la herencia.

Así lo determina el TS en una sentencia en la que recuerda que el testador no puede disponer a su antojo del reparto de la herencia ya que la ley guarda una parte a los herederos forzosos. Por tanto, en el caso del litigio, concluye los bienes donados deben integrarse en el cómputo de la herencia para, "de esta manera, determinar la parte proporcional que le corresponde como heredero forzoso de su abuela para ejercitar, en su caso, las acciones correspondientes de protección de su derecho". En el caso de que se le dé una parte inferior de la herencia a la que le corresponde, el heredero tendrá derecho a pedir un complemento con independencia de la cuantía de la lesión.

El TS resolverá si los administradores de una sociedad mantienen la responsabilidad tributaria después de ser cesados en el cargo

Ha admitido a trámite un recurso de casación en el que decidirá sobre esta cuestión. En un primer momento, el TSJ de Canarias dio la razón al administrador, señalando que no procede la declaración de responsabilidad, pues este interpuso los recursos correspondientes cuando ejercía su cargo, y por tanto no se le pueden imputar incumplimientos producidos posteriormente a su cese. Después de llegar al Alto Tribunal, los jueces consideran conveniente pronunciarse sobre la aplicación del art. 43.1.a) LGT, para establecer si puede quedar exonerado de su responsabilidad el administrador de una sociedad que interpone recursos frente a liquidaciones y sanciones, si las resoluciones se dictan con posterioridad a su cese.

La Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales una propuesta para incentivar la jubilación flexible.

La Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales una propuesta para incentivar la jubilación flexible, permitiendo a los jubilados que quieran volver a trabajar aumentar la jornada parcial a realizar, que actualmente oscila entre el 50% y el 75%. Actualmente apenas están acogidas a la jubilación flexible unas 3.000 personas, lo que hace esta modalidad "prácticamente inexistente" porque "no es muy atractiva". El Gobierno también quiere modificar el régimen de incompatibilidades y compatibilidades del sistema, así como introducir algún incentivo al inicio de la jubilación flexible y no dejarlo sólo en el recálculo de la pensión a posteriori, es decir, cuando el pensionista llega al final de vigencia de ese contrato a tiempo parcial.

El TS establece que la ganancia patrimonial por retasación en expropiaciones no es una alteración patrimonial nueva.

El TS establece que la ganancia patrimonial por retasación en expropiaciones no es una alteración patrimonial nueva, sino una reevaluación de la ganancia original. Así, no origina nueva tributación en el IRPF. El Tribunal ha determinado de forma inequívoca que la misma no origina una ganancia patrimonial nueva y distinta a la generada por la expropiación originaria del bien o derecho. Por el contrario, considera que se trata de una nueva valoración de la misma ganancia producida por la expropiación. En consecuencia, el valor de adquisición del bien expropiado sigue siendo el determinado en el momento de su adquisición inicial. Esta interpretación rechaza la tesis de que la retasación genera un "justiprecio suplementario" constitutivo de una ganancia patrimonial autónoma.

El TJS de Castilla y León blinda el uso del valor catastral de la vivienda para fijar el pago del Impuesto de Transmisiones.

Hacienda utiliza desde 2022 este parámetro, en vez del valor del mercado del inmueble, para calcular Transmisiones, pero también otros tributos como el ISD. Ahora, los jueces rechazan que los contribuyentes puedan impugnar este valor aportando como contraste del precio de la vivienda la tasación de la misma y les exigen que motiven el valor real del inmueble, incluso con informes periciales. El fallo considera que se podría aportar la tasación para tumbar el valor catastral si estuviera convenientemente explicada, por sí sola o conjuntamente con otros elementos probatorios, como dictámenes periciales normalmente.

Las empresas con más de 50 trabajadores en plantilla ya están obligados a tener un plan LGTBI en marcha.

Esto es así desde hoy día 10 de abril, en virtud del RD 1026/2024. A día de hoy, se estima que habría más de 26.000 negocios en España que cumplen estas características y que deberán adaptarse cuanto antes a la normativa, para evitar sanciones de miles de euros. Según los expertos, estos planes no se limitan a una mera formalidad, sino que deben establecer protocolos y medidas reales contra el acoso y la violencia hacia el colectivo, así como planes de formación para los empleados.

UPTA presenta una propuesta para regularizar los músicos autónomos.

La propuesta, ya presentada al Ministerio de Seguridad Social y al Ministerio de Trabajo consiste en la creación de una cotización especial dentro del RETA para los músicos trabajadores por cuenta propia que se encuentran al amparo de la cotización especial para artistas autónomos con bajos ingresos aprobado por el RDL 1/2023 con el fin de regularizar su situación sin depender de las empresas de facturación que operan de manera fraudulenta. Se establecería un techo de facturación de 4.000€ para los músicos que se acojan a esta modalidad y una cotización mensual de 90€ sujeta a la regularización anual, como el resto de los autónomos. Según los cálculos realizados por la organización, el fraude derivado del uso indebido de empresas de facturación del sector artístico asciende a más de 150 millones de euros.