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La AEAT pone en marcha ‘Censos Web’, un servicio de ayuda para agilizar las altas de actividad de los emprendedores.

Esta iniciativa, prevista en el Plan Estratégico de la Agencia 2024-2027, se enmarca en la línea ‘Right from the start’ de la OCDE, que plantea la implementación de medidas para facilitar el cumplimiento de los emprendedores desde el comienzo mismo de su actividad. ‘Censos Web’ incorpora un buscador que permite seleccionar la actividad junto con su código. Además, ofrece avisos explicativos en determinados casos para facilitar que esta selección sea correcta.

Las liquidaciones del impuesto de plusvalía municipal son recurribles, incluso cuando ya sean firmes

Las liquidaciones del impuesto de plusvalía municipal son recurribles, incluso cuando ya sean firmes, siempre que el contribuyente pueda demostrar que el inmueble no aumentó de valor en la operación. Se trata de una cuestión que podría afectar a miles de contribuyentes, y que ha quedado así establecida por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria del pasado abril. El fallo corresponde al caso de un contribuyente que solicitó la devolución como ingresos indebidos del IIVTNU que había pagado por la transmisión de un inmueble en 2021. El Ayuntamiento de Santander denegó esta solicitud, alegando que la liquidación del impuesto ya era firme. Sin embargo, el contribuyente recurrió la decisión, aportando las escrituras de la herencia y los documentos de la compraventa que acreditaban que, lejos de haberse incrementado, el valor del inmueble había caído.

La Fiscalía del Supremo rechaza la posibilidad de una indemnización por despido superior a la tasada.

El 16 de julio el Supremo se pronunciará sobre si las indemnizaciones adicionales por despido improcedente, superiores al máximo que establece el ET, tienen cabida con las reglas de juego españolas. El informe de la Fiscalía del Supremo hace referencia a la doctrina fijada por el TS: “Tal doctrina la ha sentado en la STS del Pleno, de 19-12-2024 rechazando así la posibilidad de que, por la vía del art. 10 del Convenio 158 de la OIT, se pueda fijar una indemnización por despido improcedente en cuantía superior a la ya establecida en el ET”. Matiza y subraya que esta posibilidad está cerrada “salvo casos excepcionales donde concurran otros elementos que justifiquen una indemnización adicional por daños y perjuicios (ej. vulneración de derechos fundamentales, discriminación, etc.), que irían por otra vía legal y no como complemento a la indemnización por improcedencia”.

El nuevo impuesto mínimo del 15% complementario al Impuesto de Sociedades deberá abonarse entre el 1 y el 25 de julio de 2026.

El Ministerio de Hacienda ha sometido a audiencia pública hasta el 24 de junio la Orden que aprueba el modelo para pagar el tributo, que fija el modo de presentación (por vía electrónica) y los plazos. Esta Orden ministerial aprueba tres modelos; el 240 para que las compañías informen a Hacienda qué entidad del grupo va a ser la encargada de presentar la declaración informativa del impuesto; el modelo 241 para ya sí, presentar esta declaración informativa; y el 242 para la autoliquidación del gravamen. Una vez pasado este primer año, los plazos cambian para el resto de ejercicios.

Los contratos de sustitución por maternidad se reducen.

En 2024 se firmaron un 60% menos de contratos de sustitución por razones de conciliación que un año antes, 38.176 frente a 94.244. Los cambios introducidos en el RD-ley 1/2023 han derivado en que las empresas usen mucho menos los contratos bonificados. El Consejo Económico y Social cuestiona que la nueva regulación excluya del incentivo a  sustitución, se enfrente a dificultades de acceso al empleo por cualquier otro motivo distinto que creen que de lo contrario pueden ser un obstáculo a la hora de intentar beneficiar a colectivos que se ven muy afectados por el desempleo.

El tiempo invertido en volver a casa tras la visita al último cliente no se considera tiempo de trabajo.

El tiempo invertido en volver a casa tras la visita al último cliente no se considera tiempo de trabajo, según el Tribunal Supremo. Esta debe ser la regla general, salvo que así lo hubieran pactado los trabajadores con el empleador o se cumplan ciertos requisitos excepcionales, tasados por la justicia europea. La admisión como tiempo de trabajo del trayecto inicial “no es determinante para concluir que, también lo es el invertido para desplazarse desde el último cliente a su domicilio al finalizar la jornada”, pues “no constan acreditados elementos fácticos que determinen en qué condiciones prestan sus servicios al ir y al volver de su trabajo” y, a la vez, no se acreditan “razones excepcionales” que justifiquen la alteración de la regla general.

Hacienda apura los plazos para aprobar el modelo de liquidación del nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras,

Hacienda apura los plazos para aprobar el modelo de liquidación del nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras, cuyo primer pago fraccionado tendrán que abonar a partir del 1 de junio. Fuentes de Hacienda han apuntado que la orden ministerial con el modelo se aprobará este mismo mes -es decir, que se publicará en el BOE a lo largo de esta semana- una vez que ya ha recibido los últimos informes consultivos. La orden ministerial no solo tiene que concretar el formulario que tendrán que presentar las entidades financieras, sino también despejar ciertas dudas sobre su aplicación para el ejercicio 2024 suscitadas al decaer los cambios introducidos en el denominado decreto ómnibus el pasado mes de enero.

La Asociación Española de Asesores Fiscales ha presentado una denuncia ante la AN por el retraso de la Administración para devolver el IRPF a los pensionistas que en su día aportaron a las antiguas mutualidades.

El Gobierno, ante el aluvión de solicitudes de los mutualistas pidiendo la devolución del IRPF (que asciende a un golpe de casi 1.000 millones por año para la Administración), aprobó en diciembre de 2024 una ley para devolver a estos pensionistas solo un pago por año. A juicio de la asociación, la decisión del Ministerio de Hacienda vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales tales como la igualdad, la prohibición de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena administración.