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La retirada de apoyo financiero por parte de una entidad de crédito a una empresa en concurso de acreedores puede ser motivo de una indemnización por daños, en caso de que esta decisión arruine sus opciones de viabilidad. El TS dictó en diciembre una sentencia que aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad y condena a dos bancos a indemnizar a una compañía por este motivo. El litigio implica a una empresa de equipos gráficos que fue declarada en concurso voluntario. La compañía contaba con contratos de cesión de créditos con dos entidades financieras, pero ambas bloquearon las líneas de financiación de forma unilateral tras la entrada en concurso.

La entrada en funcionamiento desde junio de 2023 de los canales internos de denuncia en las empresas para informar de forma anónima sobre infracciones dentro de las compañías ha incrementado las reclamaciones de los trabajadores. El TSJM concluyó en una sentencia que el acoso laboral se caracteriza por la existencia de una real y efectiva situación de presión al trabajador, mediante actos tendenciosos que se reiteran en el tiempo. Asimismo, el TC también falló que deben concurrir tres situaciones: intencionalidad en la conducta, menoscabo y vejación. Los expertos señalan que en ocasiones las compañías no articulan bien las políticas de prevención del acoso y no ofrecen la información necesaria a los trabajadores. En muchos casos, están perdidas a la hora de instruir este tipo de expedientes y por ello recomienda que los externalicen para garantizar la objetividad.

El Consejo de la UE alcanzó ayer dicho acuerdo, de manera que se empezarán a aplicar aranceles aduaneros a todas las mercancías que entren en la UE en cuanto esté operativo el Centro Aduanero de Datos de la UE, que se está debatiendo como parte de una reforma fundamental más amplia del marco aduanero. Actualmente se prevé que eso suceda en 2028. Hasta entonces, los Estados miembros de la UE han acordado introducir un derecho de aduana provisional de tipo fijo de 3€ sobre los artículos contenidos en paquetes pequeños valorados en menos de 150€ enviados directamente a los consumidores de la UE. A partir del 1 de julio de 2026, el derecho se aplicará a cada una de las diferentes categorías de artículos, identificadas por sus subpartidas arancelarias, contenidas en un paquete.

El proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, aprobado por el Consejo de Ministros en octubre y remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria, aspira a sustituir una norma vigente en España desde 1882. Desde la perspectiva empresarial, la reforma no sólo cambia quién investiga, sino también cómo se investiga. El proyecto refuerza de forma notable las herramientas de investigación tecnológica. Además, la LOECrim amplía el alcance de medidas cautelares que pueden afectar directamente a la actividad empresarial. Intervenciones judiciales, suspensiones de actividad o clausuras temporales pueden llegar a paralizar operaciones durante la fase de investigación. Anticiparse, reforzar el compliance y adaptar la estrategia defensiva al nuevo protagonismo de la fiscalía ya no es una opción, sino una exigencia del nuevo escenario legal que se avecina.