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Estos profesionales han empezado a recibir desde hace dos meses las cartas de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social reclamándoles que acrediten si cumplían con los requisitos para recibirlas y, en caso contrario, pidiendo la devolución del dinero. Abogados expertos aseguran que las mutuas están pidiendo el reembolso incluso a autónomos que cumplían con los requisitos y sus expedientes ya eran definitivos. Según el experto, los autónomos primero deben acreditar a la mutua pertinente que reunían los requisitos para percibir la ayuda y no verse obligados a devolverla. Del mismo modo, los profesionales a los que se les exige el pago aún cumpliendo las condiciones, también les queda solo acudir a los tribunales.

A partir del próximo 1 de octubre, el sector turístico tendrá que cumplir con la nueva normativa de registro de viajeros, que marca el Real Decreto 933/2021, que les impone recabar y comunicar al ministerio del Interior datos sensibles que van más allá de los que aparecen en los documentos oficiales que eran necesarios hasta ahora. Esta imposición va a suponer, según tanto los hoteleros como las agencias de viaje, un “caos” en la operativa de los establecimientos y de las empresas y “pone en serio peligro la viabilidad del sector”. Para los hoteleros, es imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos. De otros, ni siquiera tienen la propiedad ni el conocimiento, como son los datos bancarios, que se gestionan a través de un TPV o una plataforma de pago

El Gobierno y el Ministerio de Igualdad han dado por resuelto el error en la Ley de Paridad que facilitó despedir a quien pida una adaptación de jornada para conciliar o el permiso de cinco días para atender a un familiar enfermo, pero las dudas acerca de su alcance siguen lejos de aclararse, por ahora. Fuentes parlamentarias apuntan a que la corrección, introducida ya en una norma que se tramita en el Congreso, no se verá publicada en el BOE hasta dentro de, como poco, dos meses. Algunos retrasan el plazo incluso hasta 2025. Aunque la principal duda que persiste es si se aplicará con carácter retroactivo desde el 22 de agosto, cuando el error entro en vigor. La enmienda se ha incorporado en la Ley en materia de Eficiencia del Sistema del Servicio Público de Justicia con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Hacienda incrementa las inspecciones a los particulares que tienen inmuebles en alquiler y, en los últimos meses, muy especialmente a los que tienen oficinas. Los abogados coinciden en que este aumento de las inspecciones llega auspiciado por la sentencia del TS del 25-02-2021 que determinó que los caseros no podían deducirse los gastos relacionados con el inmueble en proporción con los días en los que no estuvo alquilado y, además, debían tributar en ese período por la imputación de rentas. Indican que las inspecciones se han acentuado en los tenedores de oficinas porque, desde la sentencia del Supremo a ahora, es el sector que más se ha visto afectado ya no sólo por la pandemia sino por el auge del teletrabajo, que ha provocado que muchas se hayan quedado vacías.