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El director del Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, Manuel Trillo, avisó ayer de que la Administración establecerá como uno de los objetivos para 2026 frenar los abusos fiscales ligados a estas estructuras, tal y como reflejará el Plan General de Control Tributario para este año que se publicará en los próximos días. Aseguró que las rentabilidades que obtienen los inversores de las AIEs en forma de incentivos fiscales en ocasiones han llegado a superar hasta el 1.000% de la inversión inicial, aunque lo habitual es que estén en el entorno del 150%. Los beneficios tributarios que proporcionan estas estructuras, señala, ha provocado que se genere un negocio propio en el que hay personas que se dedican a crear AIEs y poner en contacto a responsables de proyectos de inversión con socios que les financien. Como ejemplo, destacó que en los últimos cuatro años se ha multiplicado por cinco la constitución de estas entidades.

Las empresas no tienen la obligación de aceptar la solicitud de jubilación parcial anticipada de los trabajadores, aunque los empleados cumplan con todos los requisitos que exige la Seguridad Social. El TS establece que siempre será necesario que haya un acuerdo entre las partes. No obstante, la sentencia matiza que solo en el caso de que un convenio colectivo imponga a la compañía la obligación de aceptar la solicitud o firmar un nuevo contrato de relevo, los trabajadores podrán exigir entonces su derecho a la jubilación parcial anticipada de forma unilateral. La sentencia del Supremo, del pasado 27 de enero, analiza hasta nueve fallos previos similares para unificar doctrina.

La retirada de apoyo financiero por parte de una entidad de crédito a una empresa en concurso de acreedores puede ser motivo de una indemnización por daños, en caso de que esta decisión arruine sus opciones de viabilidad. El TS dictó en diciembre una sentencia que aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad y condena a dos bancos a indemnizar a una compañía por este motivo. El litigio implica a una empresa de equipos gráficos que fue declarada en concurso voluntario. La compañía contaba con contratos de cesión de créditos con dos entidades financieras, pero ambas bloquearon las líneas de financiación de forma unilateral tras la entrada en concurso.

La entrada en funcionamiento desde junio de 2023 de los canales internos de denuncia en las empresas para informar de forma anónima sobre infracciones dentro de las compañías ha incrementado las reclamaciones de los trabajadores. El TSJM concluyó en una sentencia que el acoso laboral se caracteriza por la existencia de una real y efectiva situación de presión al trabajador, mediante actos tendenciosos que se reiteran en el tiempo. Asimismo, el TC también falló que deben concurrir tres situaciones: intencionalidad en la conducta, menoscabo y vejación. Los expertos señalan que en ocasiones las compañías no articulan bien las políticas de prevención del acoso y no ofrecen la información necesaria a los trabajadores. En muchos casos, están perdidas a la hora de instruir este tipo de expedientes y por ello recomienda que los externalicen para garantizar la objetividad.