Las empresas de trabajo temporal consolidan un cambio de paradigma de su modelo de negocio en España, marcado por la reforma laboral, con un balance en apariencia contradictorio. Por un lado, hay menos ETT que nunca: según los últimos datos disponibles, a cierre de octubre solo quedaban 218, un 4,8% menos que hace un año. Sin embargo, los contratos de puesta a disposición, que son el núcleo de su negocio, sumaron 425.414, máximo histórico para ese mes y el segundo mejor dato de toda la serie. Casi la mitad los realizaron trabajadores fijos discontinuos, que por primera vez rompen la barrera de los 200.000 en un solo mes. Los datos de Trabajo estiman que el número de trabajadores contratados por ETTs para ser cedidos ascendió a 158.497 en octubre, un 5,4% más que hace un año.

Así lo establece el TS, que aclara la situación después de los criterios dispares mantenidos por los tribunales hasta diciembre de 2023, cuando se modificó la LGSS para incluir que la pareja de hecho forma parte de la unidad familiar y que sus ingresos debían tenerse en cuenta. En el caso del litigio, el SEPE denegó a una mujer el subsidio por desempleo y le obligó a devolver lo cobrado hasta el momento bajo el argumento de que su pareja de hecho y padre de su hija cobraba casi 2.000 € al mes, lo que dividido entre él y la menor superaba el 75% del SMI. El TS, sin embargo, señala que la ley de entonces era clara y no tenía en cuenta a la pareja de hecho.

El objetivo es evitar la merma en la cuantía de la pensión que producen esos peores meses cotizados que se tienen en cuenta para calcularla. Esta medida, aprobada en la reforma de pensiones de marzo de 2023, establece que a partir del 1 de enero de 2026 la Seguridad Social aplicará dos métodos alternativos para calcular la base reguladora de la pensión contributiva (cuantía sobre la que se aplica el porcentaje de pensión al que se tiene derecho en función del número de años cotizados). Así, se mantendrá el método usado hasta ahora, calculando esta base con las cotizaciones de los últimos 25 años cotizados y, en paralelo empezará la implantación de una nueva fórmula que consiste en llegar a eliminar los dos peores años de cotización de los últimos 27 años cotizados. Como esta implantación del nuevo método será progresiva, en 2026 quienes se jubilen podrán escoger el resultado más beneficioso entre el método tradicional o el nuevo.

La labor de los jueces es revisar la legalidad de las sanciones administrativas, no "corregirlas" o "mejorarlas" para evitar su anulación. En una sentencia de gran calado jurídico, el Constitucional determina que permitir que un tribunal confirme una multa basándose en razones que la Administración olvidó incluir en su expediente genera indefensión y rompe el equilibrio de poderes. El fallo impide que la Justicia actúe como una "segunda administración" sancionadora. El Constitucional ha anulado la expulsión, señalando que el juez no puede sustituir a la Administración buscando argumentos que esta no utilizó. Aunque el fallo nace en el ámbito de extranjería, su fundamentación jurídica afecta de lleno a las prácticas habituales en la litigiosidad administrativa, especialmente en materia tributaria y de competencia.