Mientras unos abogan por remunerarlo advirtiendo que el Gobierno ha transpuesto mal la directiva europea, otros lo rechazan a la par que reconocen que hay tribunales que instan a pagarlo. De momento, como los propios jueces admiten en sus sentencias, los trabajadores públicos son los que más beneficiados se están viendo a la hora de luchar en los tribunales la remuneración de estas semanas, aunque no todos. Sin embargo, en el ámbito de la empresa privada, es donde más lo están denegando. La diversidad de posturas sobre si el permiso parental para el cuidado de los hijos tiene o no que remunerarse apunta a que el caso acabará en el TS para que resuelva las dudas. De momento, el alto tribunal no se ha pronunciado directamente sobre la retribución de estas semanas, aunque un fallo del 26 de enero de 2026 insinuó que no sería pagado.

Esta medida inyectará un total de 402 millones de euros en subvenciones directas destinadas en exclusiva a las empresas de transporte por carretera afectadas por la escalada histórica de los precios del combustible provocada por la crisis bélica en Oriente Próximo. Una vez obtenido el aval vinculante de Bruselas, Fenadismer insta de manera formal al Ministerio de Hacienda a que active de inmediato los mecanismos de transferencia de los fondos, para lo que previsiblemente deberán adecuarse nuevos procedimientos administrativos a cumplimentar por los transportistas para poder ajustarse a las exigencias establecidas por la Comisión Europea en cuanto al límite máximo de las ayudas a percibir.

Tres recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), una del 9 de marzo y dos del 4 de mayo, contradicen el criterio de Hacienda y concluyen que los contribuyentes tienen derecho a aplicar la reducción del 30%, aunque solo en el primer pago que reciban. La Dirección General de Tributos (DGT), órgano directivo del Ministerio de Hacienda y cuyas decisiones vinculan a los inspectores, ha emitido dos recientes consultas (del 6 y del 25 de mayo) en las que desoye el criterio de los jueces y ratifica que este tipo de indemnizaciones pactadas y diferidas en el tiempo no tienen derecho a este beneficio fiscal.

La Seguridad Social resuelve de forma favorable el informe presentado por los sindicatos sectoriales sobre las altas cifras de morbimortalidad de estos trabajadores, paso previo para aprobar los coeficientes reductores que permitan a estos profesionales acceder a la jubilación anticipada por trabajo penoso. CCOO prevé que todos los informes del sector de transporte estén listos antes de agosto. Los sindicatos recuerdan que, entre 2013 y 2025, han fallecido 1.839 conductoras y conductores profesionales, de los cuales dos terceras partes tenían más de 55 años.