La AN resuelve una cuestión recurrente en la práctica laboral: en qué casos la empresa puede modificar un sistema de retribución variable sin acudir al procedimiento de modificación sustancial. En el concreto supuesto resuelto por la AN, la empresa, de forma unilateral, incrementó el umbral mínimo para acceder al incentivo de ventas. La AN concluye que no nos encontramos ante una modificación sustancial: si el bonus es discrecional en su origen, no consolidado y configurado anualmente, su modificación forma parte del poder de dirección empresarial. La sentencia introduce, no obstante, un recordatorio importante: la empresa debe fijar los objetivos de forma clara, determinada y en plazo. En definitiva, la sentencia aporta así un criterio claro: no toda modificación de incentivos implica una modificación sustancial, pero sí exige un análisis riguroso del diseño y aplicación del sistema en cada caso.

El TS fija en una sentencia que la nota solo tiene la función de avisar al comprador del inmueble de que pesa una deuda tributaria sobre el mismo y el hecho de que caduque a los 5 años no implica que también prescriba el plazo de Hacienda para cobrársela. La sentencia advierte que no se puede confundir la función de la nota registral, que es dar a conocer al nuevo comprador que el inmueble tiene una deuda fiscal, con el plazo para exigir la responsabilidad subsidiaria.

Los tribunales obligan a las empresas a indemnizar a los trabajadores por denegarles la adaptación de jornada para la conciliación familiar de forma injustificada o sin que haya existido una negociación previa. Varios Tribunales Superiores de Justicia han emitido cuatro sentencias entre febrero y marzo de este año en las que ratifican compensaciones de entre 6.000€ y 9.000€ a los empleados por los daños y perjuicios sufridos. La sentencia del TSJ de Navarra recuerda que el TS, en su sentencia del 24-09-2025, concluyó que la falta de la apertura de negociación de la empresa conllevará aceptar la solicitud del trabajador, siempre que el juez valore que no es desproporcionada. En la misma línea, el TSJ de Andalucía estima tres sentencias por falta de justificación suficiente de la empresa de la negativa a adaptar la jornada.

Con el paso de los años muchas empresas cambian de dueño por razones económicas, organizativas o de producción, entre otras. Al hacerlo puede ocurrir que impongan un nuevo periodo de prueba a los empleados para comprobar su rendimiento, una práctica que tanto el TS como el ET tachan de ilícita. En una sentencia, el TS confirma la improcedencia del despido de un trabajador puesto que el ET impide pactar un nuevo periodo de prueba cuando la prestación de servicios no es verdaderamente nueva, y el hombre ya llevaba 15 años trabajando en la notaría, haciendo las mismas funciones tras el cambio de titularidad.