Sin embargo, el Tribunal Supremo acaba de recordar que, en ciertas situaciones, sí pueden contar para decidir si una empresa está obligada a tramitar un expediente de regulación de empleo (ERE). En resumen, la sentencia señala que una empresa no puede evitar un ERE simplemente porque los trabajadores salgan de la empresa por vías distintas al despido. Lo relevante es que exista una reducción de plantilla que supere los límites legales, ya que en ese caso deben aplicarse las garantías propias del despido colectivo. Para determinarlo, los tribunales pueden tener en cuenta distintos tipos de extinciones de contrato, aunque no todas sean formalmente despidos.

El TS dictamina que la Seguridad Social no puede sancionar con la pérdida del subsidio a las trabajadoras por cuenta propia que pasaban de la cotización mínima a la máxima antes del parto, hasta que entró en vigor el nuevo sistema de cotización para autónomos regulado por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que liga la cotización a los ingresos. Por ello, el Alto Tribunal desestima el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y confirma la anulación de la sanción impuesta a una afiliada que elevó su cuota al máximo pocos meses antes de dar a luz.

El incremento de bajas médicas por enfermedad o lesiones centra las preocupaciones de los empresarios de todo el país y ya es el primer tema que ponen sobre la mesa al negociar un convenio colectivo. Así, los acuerdos sobre subidas salariales, u otros aspectos, se encuentran condicionados a cesiones por parte de los trabajadores en materia de incapacidad temporal, como limitar el tiempo durante el que se percibe el complemento con el que las empresas completan la prestación de Seguridad Social por la baja. La normativa diferencia entre los procesos de IT con origen laboral y los que no lo tienen, en las que se centra el problema de gasto. Hasta ahora era habitual que los pactos sociales complementaran el abono por parte de la Seguridad Social hasta igualar su salario habitual. Este aparece recortado en varios convenios colectivos publicados a lo largo del año, en los que se establece que las empresas solo van a cubrir un porcentaje adicional de su salario durante los primeros 100 días de baja, o incluso durante un periodo inferior.

El Gobierno aprobará este martes una nueva vía de acceso a la pensión de viudedad dirigida a las parejas con hijos que convivían de forma estable, pero que quedaron excluidas de esta prestación por no estar casadas ni registradas oficialmente como pareja de hecho. El decreto ley establecerá un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor para que los afectados pueda solicitar el reconocimiento de la pensión. Plantea mejorar la cobertura de la incapacidad temporal para las mujeres afectadas por enfermedades asociadas a la menopausia y para las víctimas de violencia de género. El paquete también contempla reforzar la prestación por cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves.